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PARCENT.

The Tribunal Superior de Justicia
Valenciano has supspended the PAI
'El Repla' until a hearing takes
place into the case bought by the
association of property owners. In a
landmark judgement the Tribunal
questioned not only the case
bought before them but the urban
planning policy being carried out
by the Valencian Government saying
that such plans are not compatible
with sustainable development.


Un tribunal cuestiona la política urbanística valenciana al paralizar unplan de 1.500 casas

La resolución judicial dice que el urbanismo sin planificación impide el desarrollo sostenible
SARA VELERT - Valencia EL PAÍS - España - 11-11-2006

La urbanización de millones de metros cuadrados de suelo al margen de los planes generales de ordenación urbana no es compatible con un desarrollo sostenible. Así lo advierte el Tribunal Superior de Justicia valenciano en un auto sin precedentes que paraliza un plan urbanístico en Parcent, una localidad alicantina de un millar de habitantes que, con 1.496 viviendas nuevas como mínimo, triplicaría su censo de población. El tribunal afirmaque una actuación de esta dimensión requiere una planificación que pondere"las necesidades integrales del municipio, y su sostenible desarrollo". La resolución judicial no sólo cuestiona el desaforado desarrollo urbanísticode la Comunidad Valenciana a golpe de programas de actuación integrada (PAI) que reclasifican millones de metros cuadrados de suelo rústico. El autocritica en general, a través del ejemplo de Parcent, los crecimientos desmesurados de los municipios sin una planificación adecuada.La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia(TSJ) valenciano suspende cautelarmente un PAI aprobado el pasado 30 de enero por el Ayuntamiento de Parcent, gobernado por el PP, y su adjudicacióna la empresa Terra de L'Horta, SL. El plan prevé el desarrollo de un millón de metros cuadrados y la construcción de 1.496 viviendas. El auto notificado ayer sostiene que ordenar esa superficie con un PAI "es excesivo, ya que una actuación de tal naturaleza exigiría una instrumentación de carácter más general, donde pudieran ponderarse las necesidades integrales del municipio y su sostenible desarrollo". En esa línea, destaca que "se trata de un municipio de poco más de 1.000 habitantes y la actuación cuando menos pretende integrar una población que duplica este número".Parcent todavía se rige por normas urbanísticas subsidiarias de principiosde los años noventa, ya que su plan general de ordenación urbana (PGOU) estáen redacción. El Ayuntamiento ha aprobado al margen del PGOU otros PAI y ha ignorado las protestas de la plataforma vecinal de Parcent contra un desarrollo urbanístico que elevaría a 10.000 los habitantes de este pequeño pueblo.Una veintena de ciudadanos británicos que residen en la zona afectada por el PAI de El Replà recurrieron la aprobación y pidieron la suspensión cautelar del proyecto, al considerar que se vulneran sus derechos como propietariosde casas consolidadas desde hace años y con las licencias en regla. El diseño del proyecto no implica el derribo de sus casas, pero sí de garajes, piscinas o jardines. La ejecución del PAI, además, supone un nuevo repartode cargas urbanísticas que deberán pagar en metálico o en terrenos. El tribunal, que no entra en el fondo de la cuestión, apoya la suspensióncautelar porque en la tramitación del PAI "se ha prescindido" de trámites esenciales de la normativa urbanística, y hasta un 40% de los propietariosdel sector afectados no fueron avisados del proyecto, lo que comporta una clara indefensión. El Ayuntamiento, además, hizo caso omiso de un informe que encargó al Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, y que instaba a detener el PAI ante las irregularidades en su tramitación, como recoge el recurso presentado por los abogados Jaume Sendra, Gisela Giner,Jonathan Lambert y Bernardo Hernández, asesores también de la organización Abusos Urbanísticos No. Finalmente, el auto destaca que el PAI no es el instrumento adecuado paraejecutar el importante crecimiento previsto en Parcent. En la ComunidadValenciana son decenas los municipios que han aprobado o proyectan crecimientos que multiplican su población y reclasifican suelo rústico noprevisto en sus planes generales de ordenación urbana. La Comisión Europea ha dado un ultimátum a la Generalitat para que cambie la legislación urbanística, que no se ajusta a las directivas comunitarias y ha llevado aBruselas las quejas de 15.000 afectados en situación similar a la de losvecinos de Parcent. Los PAI "han sustituido en la práctica los planes generales, que son los que marcan las directrices del desarrollo", destaca el abogado Jaume Sendra, que considera que el auto del TSJ valenciano supone"un punto y aparte" frente al "desarrollo salvaje" sin protección suficientede los derechos de los ciudadanos y del interés general. El urbanismo insostenible se extiende también por otras autonomías, con proyectos como el de Las Navas del Marqués, donde un juez ha paralizado las talas de pinos en una zona en la que un promotor pretende construir un complejo urbanístico de 1.600 chalés, hotel y campos de golf y ha talado 5.000 pinos en zona protegida. La Junta de Castilla y León también dio luz verde a la construcción del Parque Arlanzón, en el municipio del mismo nombre, y que incluye 640 chalés, hotel, campo de tiro y piscina cubierta, entre otras instalaciones. De las 220 hectáreas de suelo público, 76 están protegidas como monte público y lugar de interés de la Unión Europea.